En nómina abril, empleados públicos cobrarán primer pago del 2% subida salarial adeudado

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha suscrito el acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF y UGT-SP sobre el abono de las cantidades derivadas del incremento retributivo del 2 % de 2020.

De esta forma, tal y como se acordó en la Mesa General de Negociación del pasado 4 de diciembre de 2024, los empleados públicos ya recibirán en la nómina del mes de abril el primer pago de la deuda del 2 % de 2020 que el anterior gobierno no abonó y que llevó a Extremadura a convertirse en la única Comunidad Autónoma cuyos funcionarios no recibieron ese incremento salarial.

Cabe recordar que, según se decidió en la Mesa, el abono de los 25 millones que suponen este incremento salarial se efectuará en tres pagos que tendrán lugar el primer cuatrimestre de 2025; el primer cuatrimestre de 2026 y el primer cuatrimestre de 2027, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha recordado que este pago se realizará a todos los empleados públicos (Administración General, SES, docentes y Universidad de Extremadura) y que este primer abono supone un desembolso de 8,3 millones de euros.

Para Guardiola, "ponemos fin a un agravio y una discriminación que se venía produciendo desde el año 2020, cuando el anterior Gobierno se negó a pagar la actualización salarial correspondiente al año 2020 y que suponía un desembolso de algo más de 25 millones de euros para la Junta de Extremadura".

Asimismo, ha recordado que el pasado 4 de diciembre de 2024 acordamos con CSIF y UGT que se pagaría esta cantidad en tres cantidades, matizando que "nosotros dialogamos, negociamos y llegamos a acuerdos en aquellos órganos que están destinados a este fin. Somos un gobierno que cree firmemente en el Diálogo Social".

Según la Presidenta de la Junta, "estamos comprometidos con aquellos que tienen en su mano mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. Es verdad que cuando hablamos del Estado del Bienestar, en muchas ocasiones, lo hacemos de una manera impersonal y no podemos olvidar que gracias al trabajo de los empleados públicos los servicios pueden llegar a cada rincón de nuestra región".

Mientras,  el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha resaltado que "hoy es un día de justicia y de reconocimiento, de justicia porque llevamos 5 años reclamando el abono de este 2% y, de reconocimiento porque por fin los empleados públicos de Extremadura dejan de ser los discriminados de todo el país".

Además, ha añadido que ha habido mucho diálogo y negociación y voluntad política, recordando que su sindicato quería que el abono se hiciera en un pago único y, la Junta planteó cinco  plazos, al final se negoció y acercaron posturas, concretándose en tres anualidades.

Para Román, la Junta y su Presidenta ha cumplido con los empleados públicos, recalcando que "su promesa queda saldada" pues, "les ha reconocido lo que es suyo".

Por su parte, el secretario general de la Federación UGT Servicios Públicos, Manuel Fernández, ha indicado que era "un  momento importante para conjunto empleados públicos". 

Así, ha insistido en que Extremadura era la única región donde no se había afrontado esa deuda, añadiendo que ha sido clave que esta recuperación haya sido a través de la negociación colectiva y, desea y confia "sea el primero de muchos acuerdos", en la apuesta por lograr una administración del Siglo XXI, que de respuesta a las nuevas necesidades que la sociedad actual demanda.

CCOO se quedó fuera del acuerdo porque reclamaba un pago único

CCOO insiste en exigir el abono en un único pago del 2% de subida salarial que la Junta de Extremadura adeuda a los empleados y empleadas públicos desde 2020 y no acepta el acuerdo que han firmado otros sindicatos para prolongar esta compensación en tres años.

Desde el Área Pública de CCOO de Extremadura, "se considera indignante que una deuda, que se tenía que haber saldado hace mucho tiempo, se alargue y se mantenga así a los funcionarios y funcionarias en la incertidumbre de las conveniencias políticas y los vaivenes presupuestarios".

El sindicato se movilizó el pasado mes de diciembre para visibilizar su oposición a este acuerdo, que no tiene justificación, y perpetúa la situación injusta que sufren las trabajadoras y los trabajadores del sector público de la Administración regional.