Gª Espada reclama en el Senado los 201M€ que el Gobierno central adeuda a Extremadura

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha reclamado este martes al Gobierno central el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, la "igualdad de trato a todos los españoles", la igualdad de los ciudadanos extremeños en materia de financiación de la dependencia frente a los privilegios de los residentes en otras comunidades autónomas.

Así pues, durante su intervención este martes en el Senado, la titular extremeña de Salud ha subrayado que no acudía a la Cámara Alta "a pedir favores ni a negociar privilegios", sino a "exigir el cumplimento de la ley" por parte del Gobierno de Sánchez.

También ha denunciado que las decisiones anunciadas por Gobierno central respecto a la financiación del 50 por ciento del sistema de dependencia en el País Vasco y Cataluña generan "una desigualdad institucionalizada" que Extremadura no está dispuesta a asumir cuando a día de hoy la financiación del Estado únicamente supone el 25 por ciento, incumpliendo la ley, señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Así, según ha señalado, tres de cada cuatro euros destinados dependencia lo abonan la Comunidad Autónoma con un "récord histórico" de presupuesto en el Sepad que, según ha dicho, "manifiesta el compromiso de la presidenta, María Guardiola, por reforzar los servicios públicos para mejorar la vida de los extremeños".

DEUDA CON LA REGIÓN

Durante su intervención ha insistido en reclamar 201 millones que se le adeudan a la comunidad autónoma únicamente en 2025, cantidad que la Junta está asumiendo para garantizar los servicios a las personas dependientes.

Asimismo, ha destacado que Extremadura es una de las regiones más afectadas por el envejecimiento demográfico y que la demanda de cuidados de larga duración "crecerá de forma exponencial en los próximos años", tras lo que ha lamentado que el Estado aporta menos recursos de los que establece la ley, obligando a la comunidad autónoma a asumir el 75 por ciento del coste real del sistema, cuando la normativa fija que la aportación estatal debe ser equivalente a la autonómica.

La consejera ha detallado los avances alcanzados desde 2023, entre los que destacan 5.842 nuevas prestaciones concedidas, 3.230 nuevos beneficiarios incorporados al sistema, 25 meses de reducción de las listas de espera y una disminución de 79 días en los tiempos de resolución respecto a 2023, situándose ya por debajo de la media nacional.

Unos resultados que, según ha dicho, "son fruto del compromiso del Gobierno de María Guardiola con la igualdad y la dignidad de las personas dependientes", y ha reiterado que la comunidad "no cesará hasta conseguir justicia territorial".

Finalmente, la consejera ha concluido señalando que el aumento de la esperanza de vida debe ir acompañado de una vida "con esperanza", y que los ciudadanos confían en sus comunidades autónomas para garantizar sus derechos, ante un Gobierno central cuya ausencia de respuesta sigue generando incertidumbre en un ámbito tan esencial como la atención a la dependencia.