CCAA PP bloquean por "chapuza" decreto Igualdad de ayudas a víctimas de violencia sexual

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La Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Murcia, comunidades, todas ellas gobernadas por el PP, en algunas de ellas en coalición con VOX, han bloqueado con su voto en contra el debate sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual establecidas en la Ley del 'solo sí es sí', durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se ha celebrado este jueves y que ha estado presidida por la ministra Irene Montero, según han informado fuentes de la Comunidad de Madrid.

Según precisan las mismas fuentes, el Ministerio de Igualdad "ha incumplido el reglamento" de la Conferencia al "enviar tarde" a las comunidades autónomas para su estudio el texto de la norma.

Además, califican el proyecto de decreto de "chapuza jurídica" pues consideran que está "plagado de lagunas y contradicciones, y no tiene rigor jurídico".

Asimismo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha manifestado, en declaraciones posteriores a la reunión, que este real decreto "sitúa en desigualdad de derechos a unas víctimas sobre otras y obliga a las mujeres a atravesar por un proceso complejo" a la hora de solicitar las ayudas "que provocará su revictimización".

Para Dávila-Ponce, el Gobierno "no puede seguir con el desarrollo de la ley del 'solo sí es sí', que califica de "aberración jurídica", y exige "que se tengan en cuenta las alegaciones de las CCAA para evitar hacer mas daño a las víctimas".

Según precisan las mismas fuentes, las ayudas por violencia de género por la pareja o expareja se tramitan desde la ley de 2004 de violencia de género, y la ley del 'solo sí es sí' las refuerza incluyendo también como beneficiarias a víctimas de violencia sexual.

El problema, según indican, es que "las víctimas de violencia de género solo las reciben cuando cobran menos del 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y las de violencia sexual cuando cobran menos del SMI".