Absuelta una mujer acusada de estafar 345.000 euros a un anciano en Plasencia

Rd./Ep.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a una mujer acusada de estafar 345.000 euros a un anciano, ya que "no ha quedado probado" el destino que dio este hombre al dinero que retiraba de la entidad bancaria.

En concreto, la Sala relata que no ha quedado acreditado qué destino dio el anciano al dinero que obtuvo a través de los distintos reintegros que hizo en su entidad bancaria.

Asimismo añade que tampoco ha quedado probado que la acusada, durante el periodo en el que el hombre sacó el dinero, fuera consciente de que el anciano padeciera algún tipo de demencia y se aprovechara de dicha situación para conseguir el dinero que luego éste decía que había perdido.

Y es que, según los hechos probados recogidos en la sentencia, la presunta víctima, un hombre nacido en 1939, disponía a fecha 4 de marzo de 2019 de un saldo de 366.072 euros en la cuenta bancaria de la que era titular, y desde esa fecha y hasta el 6 de abril de 2020 "realizó, prácticamente a diario, reintegros en efectivo" en una sucursal de Plasencia "por importes, la mayoría, de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000 euros".

Por tanto, en abril de 2020 su saldo bancario se había reducido a 21.915,42 euros, por lo que la directora de la sucursal, "preocupada por la reiteración de reintegros de tan elevado importe realizados por una persona mayor que aparentaba poca lucidez y que ofrecía como única explicación que se le perdía el dinero que sacaba del banco", puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que inició una investigación".

En el transcurso de la investigación, los agentes acompañaron a este hombre hasta el portal de su domicilio para intentar aclarar el lugar del supuesto extravío del dinero, y se entrevistaron con la mujer queatendía a Melchor y a su esposa en la vivienda.

Esta mujer les relató que venía observando que este hombre "regresaba a casa en un estado anormal, como si estuviera drogado, sucio y en algunas ocasiones cagado encima, por lo que suponía que le estaban dando alguna sustancia", y añadió además que llevaba tiempo sin cobrar sus honorarios, pues al pedirle al hombre que le pagara, "éste decía que perdía el dinero y no le podía pagar".

Además, esta mujer y otros vecinos entrevistaron a los agentes que, "prácticamente a diario, sobre las 16,00 horas, Melchor se reunía en un banco al lado de la frutería que está junto al portal de su casa con dos mujeres que describen con fisonomía rumana, una mujer de unos 50 años aproximadamente y otra más joven", y que esos días "se quedaba por la zona o, en ocasiones, bajaba a una cochera que tiene en la parte trasera del edificio", explica.

A la mañana siguiente otros agentes observaron frente al domicilio de este hombre a una persona cuya fisonomía se correspondía con la descripción de la mujer de mayor edad, que fue identificada, y a la que la mujer que trabajaba en su casa identificó fotográficamente, como la persona a la que había visto en alguna ocasión con el hombre.

Esta mujer sin embargo, negó conocer al hombre, aunque fue también identificada por las trabajadoras de la frutería que se encuentra en junto al domicilio como cliente del establecimiento, aunque dijeron que nunca habían visto juntos a ambos.

Los agentes investigaron también los envíos de dinero realizados por la acusada y su familia a Rumanía, entre septiembre de 2019 y abril de 2020, que alcanzaron una suma próxima a los 9.000 euros, y encontraron en poder de Vicenta dos facturas de joyería cuyo importe, en cada una, superaba los quinientos euros.

Con todos estos datos, la sentencia ha considerado que "no ha quedado acreditado qué destino dio Melchor al dinero que obtuvo a través de aquellos reintegros", y tampoco ha quedado acreditado que la acusada, durante el indicado periodo, fuera consciente de que este hombre padeciera algún tipo de demencia y se aprovechara de dicha situación para conseguir que éste le entregara el dinero que luego Melchor decía que había perdido.

Cabe destacar que el Ministerio Fiscal solicitaba para la acusada siete años de prisión y una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 12 euros, así como el pago de una indemnización de 345.000 euros.

No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.