La Junta trabaja en el Pacto Extremeño por la Igualdad para reducir la brecha salarial

La Junta de Extremadura trabaja en el Pacto Extremeño por la Igualdad, que se acuerda con los agentes sociales y económicos de la región y que incluye entre sus ejes la Estrategia de Igualdad Salarial y Laboral y la Estrategia de Conciliación y Corresponsabilidad, en el marco de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura.

Una herramienta transformadora con medidas inclusivas e innovadoras, promovida desde el ámbito de la concertación social, para la reconstrucción de Extremadura tras el impacto de la crisis de la Covid-19.

La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha sostenido que la Estrategia de Igualdad Salarial y Laboral permitirá mejorar las condiciones de trabajo en sectores donde las mujeres tienen una mayor representación como son los cuidados, la salud y la venta minorista.

En este sentido, y con motivo de la conmemoración este martes del ‘Día para la Igualdad Salarial 2022’, la Junta de Extremadura manifiesta su compromiso por avanzar hacia la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha de género, resultado de las múltiples formas de discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado laboral, además de en el ámbito privado.

Gil Rosiña ha reiterado que la igualdad efectiva en el empleo debe ser “el instrumento clave para acabar con la brecha de género en los salarios y la segregación dentro del mercado laboral, protegiendo y ampliando los derechos y libertades de las mujeres, que solo pueden garantizarse a través de la equidad y la independencia económica”.

La brecha salarial en Extremadura, según datos correspondientes a 2019 (los últimos publicados por el INE en su Encuesta de Estructura Salarial) se sitúa en el 17,46 por ciento, y disminuye con respecto al salario de 2018 en un 0,08 por ciento.

Así, el salario medio bruto anual de las mujeres en Extremadura en 2019 era de 18.012,58 euros, mientras que el de los hombres era de 21.823,73 euros, una diferencia de 3.811,15 euros, lo que arroja una brecha salarial del 17,46 por ciento.

La brecha salarial a nivel nacional se sitúa en un 19,5 por ciento, un 1,92 por ciento menos que el año anterior teniendo en cuenta los salarios de 2018; y esta disminución está ligada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional que subió en 2019 hasta los 900 euros (más de un 22 por ciento de incremento).

La falta de valoración de los trabajos de cuidados, donde se ocupan mayoritariamente las mujeres, también origina brecha salarial. Las ocupaciones que cuentan con mayor salario medio están masculinizadas, mientras que las ocupaciones con salarios bajos están feminizadas.

La mujer tiene más dificultades de permanencia en el empleo vinculadas al reparto desigual en el cuidado de las responsabilidades familiares, el techo de cristal y los inconvenientes que tienen para conciliar la vida laboral y familiar que finalmente las conduce a acogerse a excedencias, a reducir la jornada para los cuidados, incluso a dejar el empleo para asumir el cuidado de menores o mayores dependientes, por lo que no es extraño, incluso, el rechazo de la maternidad por parte de algunas mujeres.

LA CRISIS SANITARIA HA AGRAVADO ESTA BRECHA

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 y las graves consecuencias sociales y económicas han agravado esta situación de desigualdad entre mujeres y hombres, al tiempo que se ha producido un incremento del peso de los cuidados, que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que supone una barrera más para que estas puedan acceder al mercado laboral y promocionar hacia puestos de responsabilidad.

Por ello, el ejecutivo regional ha reforzado no solo los planes de respuesta a la crisis del coronavirus, sino también han consolidado los presupuestos regionales, situando las políticas públicas con perspectiva de género en un lugar prioritario para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, la participación y promoción de la Igualdad de género es un elemento fundamental de las sociedades democráticas, desde la transversalidad de género aplicada a la acción del Gobierno en su conjunto, como así establece el artículo 21 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género de Extremadura.