Fiscalía detectó 45 intentos de homicidio por violencia género en 2023, uno en Extremadura

Ep.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detectó 45 intentos de homicidio por violencia de género en 2023, de los cuales uno se produjo en Extremadura.

Estos 45 intentos son diez más de los que registró en 2022, según refleja la Memoria correspondiente al 2023 presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y consultada por Europa Press.

El informe de la Fiscalía contabiliza un total de 66 hechos graves, de los que 45 podrían ser constitutivos de "feminicidios íntimos de pareja intentados", tal y como los define. De ellos, en 12 casos las víctimas habían denunciado previamente (el 26,66%) y nueve de los presuntos feminicidas tenían antecedentes con otras mujeres.

La mayoría de las víctimas implicadas (27) tiene nacionalidad española (60%), al igual que más de la mitad de los agresores, 28 (62,22%). En cuanto a la edad, la mayor parte de las víctimas están comprendidas entre los 25 a 50 años (31 de las víctimas, el 68,88%) al igual que los agresores (30, el 68,66%).

Igualmente, la Fiscalía añade que el apuñalamiento es el método más utilizado en estos intentos de homicidio por violencia de género, ya que los agresores lo emplearon en 27 ocasiones (en el 60% de los supuestos). A este método le sigue el estrangulamiento (tres), golpes (dos; uno de ellos con un hacha), y atropello fueron los mecanismos empleados en cuatro ocasiones; en dos supuestos se usaron armas de fuego; en otro un taladro, en un caso un destornillador, en dos ocasiones el incendio, en otro supuesto se empleó la asfixia y en otra ocasión el agresor arrojó a la víctima por el balcón.

Por comunidades autónomas, en la que más feminicidios intentados se han registrado es Cataluña y Andalucía con nueve casos en cada una de ellas; seguidas de Madrid (siete), Valencia (siete), Galicia (cinco), Canarias (cuatro) y Murcia (uno), Extremadura (uno), Asturias (uno), Castilla-La Mancha (uno). En cuanto al análisis de los feminicidios cometidos por número de habitantes de la población: 11 de los feminicidios intentados se cometieron en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes (25,58%) y 21 en poblaciones de 20.000 a 50.000 (46,66%), lo que la Fiscalía dice que supone un elevado porcentaje de los feminicidios cometidos en poblaciones de hasta 50.000 habitantes (71,11%).

La Fiscalía también señala que en el 2023 se computaron dos feminicidios ampliados consumados y cinco intentados. Además, se comunicaron cinco hechos graves que afectaron a nueve víctimas colaterales. En los consumados las víctimas fueron hijas de la víctima de tan solo ocho y cinco años respectivamente.

Respecto a los homicidios íntimos de pareja consumados registrados en 2023, un total de 59 (10 más que en 2022), Fiscalía concluye que, analizados también los datos de otros años, en los periodos en los que la relación social y familiar extensa se produce con mayor intensidad (vacaciones, fines de semana o días festivos) se cometen más feminicidios.

Por otro lado, la Fiscalía destaca que las medidas cautelares de carácter personal "constituyen un instrumento fundamental" en la lucha por su erradicación. Además, añade que la imposición al agresor de las prohibiciones de aproximación y/o comunicación con la víctima, una vez constatada la presencia de riesgo objetivo para ésta, "previene la comisión de nuevos episodios violentos, otorga seguridad a la mujer y a sus hijos e hijas menores, y le permite comenzar a sentar las bases de una vida independiente, al margen de su maltratador".

INCIDENCIAS "REITERADAS" EN DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS

En este sentido, las fiscalías reconocen mayoritariamente en sus memorias la "indiscutible utilidad" de los dispositivos como instrumento para combatir la violencia de género, pero aluden a las dificultades de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la "deficiente" cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos del Centro COMETA a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de las incidencias que reporta dicho centro (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia. Por último, señalan varias delegaciones lo "gravoso" que supone para las víctimas las comunicaciones de "incidencias reiteradas", con "la consiguiente ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".

También hace alusión a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y agrega que la situación descrita por los delegados "exige que un año más se reivindique la implantación de estas unidades en todas las provincias". Además, pide que estas cuenten con personal "suficiente y cualificado", con "capacidad" para atender a todos los órganos judiciales especializados tanto en el ámbito penal como en el civil. El objetivo, explica, es que estas personas puedan emitir informes técnicos con la celeridad requerida en los procedimientos y para que estén a disposición de jueces y fiscales en las guardias haciendo informes de valoración de riesgo, colaborando en las exploraciones de los menores cuando sea preciso y para que informen sobre la evolución de la relación paterno filial.

Igualmente, reitera la "conveniencia" de garantizar que las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAVD) estén dotadas de personal "suficiente, multidisciplinar y con formación específica" en enfoque de género, infancia e interseccionalidad, que realicen servicios de guardia. En esta misma línea, reclama que se creen oficinas itinerantes que acudan allí donde se encuentra la víctima, "facilitando la atención de éstas en el mundo rural".

Sobre la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, la Fiscalía muestra su "preocupación" de que en Álava la Ertzaintza no incorpore al atestado la tabla de ítems valorados para la determinación del riesgo. Asimismo, denuncia que tampoco remitan a la Fiscal delegada los casos en que se aprecie una agravación policial del riesgo, con la finalidad de solicitar las medidas judiciales de protección más adecuadas. También alerta sobre la falta de coordinación con la policía local que dice que "está suponiendo que, en algunos atestados no se una el informe de valoración de riesgo".