El Fiscal Superior de Extremadura alerta de la amenaza de la AI para suplantar identidades

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El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha advertido de la amenaza de la Inteligencia Artificial (AI) que "suplanta identidades y atenta, mediante la manipulación fotográfica, la intimidad y el honor", al tiempo que ha mostrado su "preocupación" por el aumento de delitos sexuales en la región, ya que han crecido en número y en gravedad, ya que aumentan los cometidos a menores y por menores.

Así, según la memoria de la Fiscalía de 2022, el número total de delitos de esta clase que se denunciaron en Extremadura ha sido de 430, subiendo respecto a 2021 un 31,90%, y en un 66% cuando la víctima es un menor.

En este sentido, las víctimas menores han aumentado un 22% en los delitos de corrupción; un 133% en el uso de menores para pornografía; un 57,14% los delitos de abusos de menores, y un 100% las agresiones sexuales a menores. En cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores, se han incoado un total de 63 procedimientos, con un crecimiento de un 50% respecto a 2021.

"Estas cifras son más que alarmantes", ha señalado el Fiscal Superior en su discurso en el acto de apertura del año judicial que ha tenido lugar este lunes en Cáceres. Montero ha indicado que las principales causas de este aumento de delitos son la banalización de las relaciones sexuales, la falta de una adecuada educación afectivo sexual, y la falta de valores en igualdad y respeto a las personas.

Los expertos apuntan también al acceso a contenidos pornográficos ilimitados por parte de menores que "normalizan conductas o estereotipos impropios para su edad, y que representan en muchos casos a la mujer como un mero objeto sexual, cuando no reproducen conductas que en realidad no son sino agresiones sexuales", ha dicho Montero, quien también ha criticado el acceso a edades tempranas a las tecnologías que "permiten compartir o difundir contenidos sexuales de menores y acceder a estas personas bajo perfiles falsos".

En cuanto a las cifras generales de delincuencia en 2022, cabe destacar que el número de procedimientos penales ha sido de 44.287, lo que supone un 7,44 % más que en 2021, y los escritos de acusación del fiscal se elevan a 5.511, un 4,3 % de aumento respecto al año 2021.

Se ha detectado un "importante incremento" de los delitos contra la integridad física, especialmente las lesiones dolosas, que han crecido un 24,48%. "Particularmente preocupante es la evolución de los delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar o afectivo", ha apuntado ya que se han registrado 769 casos que suponen un aumento de un 67,17% frente al año precedente y de un 136,62% a 2019.

En lo que se refiere a las violencia doméstica y de género, se ha alcanzado la "inaceptable cifra" de 2.246 diligencias, frente a las 1.742 de 2021, lo que se traduce en un crecimiento de más del 28,93%. "Es asimismo gravísima la evolución de estas figuras delictivas entre los menores", ha subrayado el fiscal jefe, ya que en violencia doméstica se han producido 87 casos y en violencia de género 13. En ambos supuestos el aumento ha sido de un 65%.

En los delitos patrimoniales, hay subidas generalizadas en los hurtos, robos con fuerza, en casa habitada y con violencia o intimidación, estos últimos un 29,73%. Especial virulencia están teniendo los delitos a través de Internet, principalmente las estafas, que han aumentado un 43,3% y un 173,32% si la referencia la tomamos a 2019.

Respecto a los delitos contra la seguridad vial, que también han crecido un 21,72%, es "especialmente preocupante" los delitos de conducción bajo el alcohol o las drogas tóxicas y la conducción sin permiso habilitante.

"Puedo avanzar que 2023 no va por mejor camino. Aunque Extremadura es la comunidad con tasa de delincuencia menor de España, ni podemos permanecer indiferentes ni mostrar complacencia ante la evolución delictiva", se ha lamentado el Fiscal Superior, que ha avanzado que, según datos de varios órganos oficiales, "se detecta en el primer trimestre de 2023 un incremento delictivo de un 7 %, manteniéndose al alza los delitos cibernéticos en un 23,4% y las denuncias por violencia sobre la mujer en un 33%".

REFORMAS LEGISLATIVAS

En su intervención, también se ha referido a las propuestas en reformas legislativas, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que los fiscales piden que se introduzca expresamente la medida cautelar de desalojo en 48 horas en los casos de allanamientos de morada, y que se suprima el requisito de denuncia de la víctima de agresión o acoso sexual para que este tipo de delitos sean perseguibles de oficio.

Finalmente, Montero ha tenido duras críticas a la ley "conocida en determinados ámbitos como la Ley con un adverbio y dos afirmaciones seguidas", ha indicado en relación a la Ley de solo sí es sí, y ha asegurado que "el consentimiento libremente emitido por una persona capaz siempre ha sido, desde la reforma del Código Penal de 1983 el elemento básico y determinante del delito".

"Y no creo que encuentren en esta Sala ningún jurista que afirme lo contrario", ha espetado, al tiempo que ha recordado que a 1 de julio de 2023 han sido revisadas con reducción de condenas 16 sentencias de delitos sexuales, con tres excarcelaciones en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debido a la aplicación de la citada ley.

"El fundamento de estas resoluciones ha sido la aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable, puesto que se produjo por esta Ley una disminución generalizada de los límites mínimos de las penas, principalmente al desaparecer la distinción entre agresión y abuso sexual y las agravaciones específicas de violencia o intimidación, produciéndose un ensanchamiento de conductas punibles que por mor de la proporcionalidad entre delito y pena trajo como consecuencia inevitable esa rebaja de los límites mínimos", ha señalado.

Montero ha aplaudido que "afortunadamente" la ley haya sido modificada por la LO 4/2023 que ha vuelto a introducir los subtipos agravados de violencia o intimidación y, en consecuencia, agravadas las penas.

Finalmente, se ha referido a la cifra de jueces y fiscales que en 2020 en España se situaba en 16,61 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa es de 28,7. Es decir, un 40% menos cuando hay un 25% más de litigiosidad y, en ratios europeas, hay proporcionalmente cinco veces menos jueces y fiscales que abogados y cuatro veces que empleados públicos de auxilio. "Creo que las cifras no requieren mayores comentarios", ha señalado en alusión a la falta de estos profesionales en el sistema jurídico español.