El equipo defensor del alcalde bogotano Gustavo Petro pondrá en marcha acciones legales si la Registraduría insiste en aplazar la consulta popular que decidirá su permanencia, o no, en el cargo, fijada para el próximo 2 de marzo.
13 February 2014
Según esa norma no se pueden dejar transcurrir más de dos meses para realizar las votaciones, lo cual cobra una importancia decisiva si se tiene en cuenta que la consulta popular fue convocada el pasado 3 de enero
El segundo recurso, a punto de ser presentado a las instancias judiciales, es el desacato al fallo del 23 de enero del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió temporalmente la sentencia de destitución e inhabilidad durante 15 años decretada por la procuraduría contra Petro el 9 de diciembre de 2013.
La última opción es una carta que enviará Guillermo Jaramillo, quien encabeza la campaña por la consulta popular, en la que solicita a la Registraduría distrital y nacional no aplazar los comicios en los cuales los bogotanos decidirán, con su voto, el futuro del alcalde.
Jaramillo argumentará, asimismo, que la falta de fondos para los preparativos del referendum no es una excusa válida para interrumpirlos, ya que pueden ser transferidos de otros rubros, y que los derechos políticos de los ciudadanos no pueden vulnerarse.
La víspera afirmó Petro que el aplazamiento de la convocatoria no respondía en realidad a la falta de recursos sino al abrumador No a su destitución que arrojaría un referendum que abriría las puertas, además, a reformas democráticas.
Para algunos analistas, en cambio, el aplazamiento tiene que ver con la cercanía de las elecciones legislativas que se realizarían una semana después.
Los partidos afines al presidente Juan Manuel Santos, señalan, "necesitan quitarle a la Alianza Verde y a quienes se han implicado en la discusión sobre el futuro de Petro la posibilidad de capitalizar, a solo ocho días de las legislativas, los resultados de la revocatoria, si esta se efectuara el 2 de marzo".